El estado de salud de Jair Bolsonaro volvió a ser motivo de preocupación en Brasil. Internado desde mediados de abril en el Hospital DF Star de Brasilia, el expresidente de 70 años atraviesa un cuadro delicado tras presentar un “empeoramiento clínico”.

Según el último parte médico, sufrió un incremento en su presión arterial y deterioro en los análisis hepáticos, por lo que se encuentra bajo ayuno oral y recibe nutrición por vía intravenosa.

El exmandatario ya venía recuperándose de una cirugía reciente por una obstrucción intestinal, consecuencia directa de la puñalada que recibió en 2018 durante su campaña presidencial. A esta compleja situación médica se suman sus problemas judiciales: enfrenta una causa por el intento de un golpe de Estado tras su derrota frente a Lula da Silva en 2022. Las tensiones parecen no darle tregua ni siquiera dentro de la unidad de cuidados intensivos.

Un episodio que generó revuelo se dio cuando Bolsonaro recibió en la UTI a una funcionaria judicial que le entregó una notificación del Supremo Tribunal Federal (STF). Visiblemente molesto, grabó un video reclamando: “¿Tengo cinco días para presentar mi defensa? ¿Cinco días?”, y le cuestionó con dureza: “¿Usted es consciente de que está dentro de una terapia intensiva?”. El momento terminó con una alerta médica por el aumento repentino de su presión arterial.

Pese a las advertencias, el expresidente había participado apenas un día antes en una transmisión en vivo por YouTube, acompañado por sus hijos y el expiloto Nelson Piquet. Los médicos, sin embargo, le prohibieron seguir recibiendo visitas, ya que su estado requiere reposo absoluto y cuidados intensivos, incluidos ejercicios de fisioterapia para evitar complicaciones como la trombosis venosa.

Mientras tanto, el calendario judicial avanza. El STF le concedió un plazo de cinco días para responder a las acusaciones por intentar perpetuarse en el poder. Si la Justicia lo considera culpable, Bolsonaro podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Por ahora, la fecha del próximo paso del proceso sigue sin confirmarse, pero la tensión entre el deterioro físico y la presión legal no le da respiro.