En Venezuela se contabilizaron 413 protestas durante agosto de este año, justo el mes después de las elecciones que se llevaron a cabo el 28 de julio.

De esa cifra, publicada por el El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), se desprenden 14 manifestaciones diarias, lo cual significa un incremento del 6% en relación al mismo periodo pero de 2023.

También el mes de agosto los Derechos Civiles y Políticos (DCP), fueron exigidos en 367 protestas, es decir, 89% del número total. Esto lleva a una suba del 60% respecto al mismo  período de 2023.

Además 46  manifestaciones registradas de los Derechos Económicos Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA), reúnen el 11% del total  general. Esto refleja la urgencia de políticas  públicas que garanticen el cumplimiento de los servicios básicos.

Los puntos más álgidos de las movilizaciones tuvieron lugar el 3, 17 y 28 de agosto, nucleando el 64% de todas las acciones de eses mes convocadas por agrupaciones políticas.

CÓMO FUERON LAS PROTESTAS DURANTE AGOSTO

El  Observatorio Venezolano de Conflictividad  Social  (OVCS) documentó la  represión de 22  protestas  en 9 estados del  país durante agosto.

"El Estado venezolano ha intensificado una política de represión, criminalización y persecución que ha alcanzado niveles históricos sin precedentes en el país", afirma el estudio.

Y explica que "estas acciones buscan silenciar a quienes legítimamente exigen el respeto a sus derechos y respuestas claras ante los resultados de las elecciones del pasado 28 de julio".

En esa línea detalla que "en  agosto, se mantuvieron las prácticas  de  uso  arbitrario  y desproporcionado de la fuerza, junto con desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales, todo enmarcado en  la  llamada  'Operación Tun Tun'".

Y recalca que "estas medidas  afectaron especialmente  a las zonas empobrecidas, donde se  registró la mayor cantidad de protestas postelectorales".

"La  persecución,  intimidación,  criminalización y judicialización de líderes politícos y sociales, así como de periodistas, manifestantes, testigos electorales y defensores de derechos humanos, fue una constante a lo largo del mes", asevera.

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Y hace hincapié en que "es particularmente preocupante la detención de manifestantes tras participar en protestas pacíficas de oposición".

Agrega que "un  aspecto  relevante  es que  muchas  de  las  manifestaciones convocadas a través de redes sociales no se llevaron a cabo en los lugares previstos, debido a la fuerte presencia policial y militar, sobre todo en los días de movilización convocados por partidos opositores".

"De  acuerdo con información  oficial,  más  de  2.400  personas fueron detenidas, entre ellas más de 100 niños y adolescentes, así como 200 mujeres", puntualiza

Y añade que "a la mayoría se les imputaron delitos graves, como traición a la patria, conspiración, asociación para delinquir y terrorismo, con penas que podrían alcanzar hasta los 30 años de prisión".

"Los familiares  de los detenidos denunciaron la violación de garantías  judiciales,  señalando  que  se  les  negó  el  acceso  a defensores  privados,  imponiéndoseles en su lugar defensores públicos", subraya.