Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, planea implementar un programa de deportaciones masivas "a la velocidad de la luz", según su asesor principal, Stephen Miller.

Este plan, que buscaría arrancar apenas el líder republicano asuma su mandato, apunta a un grupo diverso de inmigrantes. Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) históricamente ha priorizado a aquellos con antecedentes penales, el enfoque podría ampliarse hacia millones de recién llegados que cruzaron la frontera durante la administración de Joe Biden, así como a quienes agotaron sus recursos legales pero permanecen en el país de manera irregular.

Entre los grupos posiblemente afectados se encuentran los beneficiarios del programa DACA ("dreamers"), que han tenido permiso temporal para residir en Estados Unidos desde la era de Barack Obama. Aunque no se espera que sean una prioridad inmediata, la incertidumbre sobre su futuro crece. Por otro lado, Trump enfrenta importantes retos logísticos y financieros para expandir las detenciones y deportaciones. Esto plantea preguntas críticas: ¿es viable este ambicioso proyecto? ¿Tiene la infraestructura, el personal y los recursos necesarios para ejecutarlo?

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El universo de personas potencialmente deportables asciende a 11 millones de inmigrantes indocumentados, de acuerdo con un informe de 2024 de la Oficina de Estadísticas de Seguridad Nacional. Sin embargo, algunos expertos sugieren que este número podría ser mayor debido al histórico flujo fronterizo durante el mandato de Biden. Durante su presidencia previa, Trump estableció metas altas, prometiendo deportar entre 2 y 3 millones de personas. Sin embargo, en sus cuatro años en el cargo, logró la expulsión de alrededor de 1.5 millones. Esto evidencia la complejidad y las limitaciones operativas de una campaña de esta magnitud.

Entre las prioridades de Trump están los 662,566 inmigrantes con antecedentes penales registrados por ICE en julio de 2024. De este grupo, 435,719 ya han sido condenados, mientras que otros 226,847 enfrentan cargos pendientes.

Los delitos más comunes incluyen infracciones de tránsito, violaciones relacionadas con drogas y delitos migratorios. En paralelo, la administración planea dar atención especial a los 1.4 millones de inmigrantes con órdenes finales de deportación que, por diversas razones, no han abandonado el país. Este grupo incluye a personas cuyos países de origen se niegan a recibirlos o que enfrentan riesgos de persecución.

La designación de Tom Homan como "zar de la frontera" subraya la seriedad del enfoque. Según Homan, Trump también podría revocar protecciones temporales, como el TPS (Estatus de Protección Temporal), que actualmente beneficia a más de 600,000 venezolanos, además de inmigrantes de países como El Salvador, Ucrania y Sudán. Si estas protecciones no se renuevan, muchos perderían su estatus legal y quedarían expuestos a detenciones y deportaciones. Otros subgrupos vulnerables incluyen a los beneficiarios del programa parole, quienes han ingresado bajo permisos temporales y representan un nuevo objetivo en las políticas migratorias del presidente electo.

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Finalmente, Trump enfrenta un desafío estructural: ICE cuenta con solo 5500 agentes a nivel nacional para implementar las leyes de inmigración, un número insuficiente para la magnitud de la tarea. Además, la contratación y capacitación de nuevos agentes podría llevar entre 18 y 24 meses, lo que complica la posibilidad de acciones inmediatas.

La administración podría recurrir a tácticas como la "expulsión acelerada", que permite deportaciones rápidas para inmigrantes que ingresaron recientemente. Sin embargo, los asesores advierten que este enfoque podría generar resistencia y disminuir la cooperación voluntaria de los inmigrantes.

En conclusión, el plan de deportaciones masivas de Donald Trump promete ser una de las políticas más polémicas de su próximo mandato. Mientras los sectores políticos, económicos y sociales debaten sobre su viabilidad y consecuencias, millones de inmigrantes enfrentan un futuro incierto, marcado por el temor y la posibilidad de ser expulsados de Estados Unidos.