La Fiscalía de Perú inició formalmente el proceso de investigación contra el expresidente Pedro Castillo, a quien acusó ante el Congreso por ser el presunto autor de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cómplice de colusión.

Vale recordar que antes de su destitución Castillo estaba implicado en seis investigaciones en su contra, pero que la Constitución peruana imped��a que se realizara una acusación formal. Para ello, el Congreso debía avanzar a través de la herramienta del juicio político. Castillo resistió dos intentos y, al verse acorralado en el tercero, intentó disolver el Parlamento, lo cual precipitó su caída y su encarcelamiento.

La aprobación de la denuncia constitucional por parte del Congreso se produjo el viernes pasado, y la Fiscalía anunció este martes la apertura del proceso. Mientras tanto, Castillo permaneces desde principios de diciembre de 2022 en prisión preventiva (con una extensión máxima de 18 meses).

A través de Twitter, la Fiscalía anunció también el inicio de la investigación contra dos exministros, acusados de haber recibido sobornos vinculados a la obra pública (la construcción de un puente y la compra de combustibles para la estatal Petroperú).

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Mientras tanto, Castillo sigue rechazando todas las acusaciones en su contra, e incluso ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la OEA, para reclamar su restitución en la Presidencia, hoy ocupada por su exvicepresidenta, Dina Boluarte.