Desde la oposición, el arresto de Imamoglu fue catalogado como un ataque directo a la democracia. Líderes políticos, como los del Partido Republicano del Pueblo (CHP) y el nacionalista IYI, coincidieron en que se trata de una maniobra para debilitar a la oposición de cara a las elecciones presidenciales.

El oficialismo, por su parte, rechazó las acusaciones y defendió la independencia del poder judicial. Devlet Bahceli, aliado de Erdogan, desestimó las críticas y calificó las denuncias como una “degeneración política”. Sin embargo, la detención del alcalde ocurre en un contexto de creciente presión contra opositores, con otras figuras del CHP bajo investigación y varios regidores ya en prisión preventiva. Mientras las protestas siguen en las calles, la crisis política y económica en Turquía se profundiza.