Una nueva medida judicial complica la deportación de venezolanos por parte del Gobierno de EEUU de Donald Trump. La jueza Charlotte Sweenwy de Colorado impidió el traslado de 100 venezolanos a El Salvador.

La decisión se debió a que dos de los 100 migrantes presentaron una demanda y la ley norteamericana estableció que no podrán ser expulsados del país sin que previamente se revisen sus casos o se celebre una audiencia.

La medida se extendió al grupo total de los 100 venezolanos.

La demanda fue llevada adelante por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), en representación de dos venezolanos de 25 y 32 años.

La jueza advirtió que estas personas "corren el riesgo de ser deportados, quizás injustamente" y que "sufrirían daños irreparables" si son llevados a las cárceles de El Salvador.

La determinación de la magistrada dificulta el objetivo del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) que consistía en deportar a 100 hombres venezolanos que en la actualidad se alojan en el centro de detención de la empresa privada GEO en Aurora, al este de Denver.

La Corte Suprema de EEUU habilitó a Trump a usar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar venezolanos

En ese punto, los abogados del Gobierno federal afirmaron que la decisión "obstaculizaría la capacidad del gobierno para hacer cumplir las leyes de inmigración", entre ellas "arrestar, detener y expulsar a extranjeros que se encuentran ilegalmente en el país y que puedan representar un peligro para la sociedad".

Por su parte, Laura Lunn, abogada de la Red de Defensa de los Inmigrantes de las Montañas Rocosas, manifestó:"Por primera vez en meses podemos respirar aliviados", manifestó

Y en diálogo con la agencia de noticias EFE recordó: "Nuestra comunidad ha sido atacada de manera desproporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional y ya hemos perdido a demasiados vecinos, padres, parejas y amigos por esta anarquía".

QUIÉNES SON ESTOS MIGRANTES

Ambos venezolanos cruzaron la frontera que está entre México y EEUU en Texas "hace algunos años", como lo hicieron unos 40.000 compatriotas suyos en el período comprendido entre 2022 y el 2024, quienes también llegaron a Colorado, según lo precisado en los documentos judiciales.