La ONG venezolana Provea cuestionó la deportación que llevó a cabo el Gobierno de Donald Trump en EEUU respecto de más de 200 supuestos integrantes de la banda criminal El Tren de Aragua a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador por considerar que se trató de "una violación a los Derechos Humanos".

Y marcó: "Siendo sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la CIDH (Corte Interamericana de Derechos Humanos), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa".

"No se trata del principio de no devolución, ya que no son enviados a Venezuela de donde estas personas huyeron", indicó

Y subrayó: "Pero, son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, donde quedan aislados de sus familiares y donde depende de lo que el Estado salvadoreño decida informar, si es que lo hace".

"El envío de 238 venezolanos, acusados ​​de presuntamente ser miembros del Tren de Aragua, se hizo contra la orden de un juez federal que prohibió el traslado", recordó

Por lo que planteó: "Enfrentándose a un sistema judicial incierto: ¿sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza?"

"Estas deportaciones ignoran los principios básicos del debido proceso y la defensa legal", afirmó y precisó que "la migración forzada de 7,7 millones de venezolanos es consecuencia de las políticas excluyentes y erráticas de Maduro, que han cerrado cualquier salida democrática. Estados Unidos debería solidarizarse con el respeto a la voluntad popular en Venezuela, en lugar de devolver a migrantes vulnerables a un sistema carcelario sin garantías"

"Los migrantes y refugiados tienen derechos", cerró.