Casi todas las diferentes organizaciones y entidades que integran el sistema judicial rechazaron el proyecto del Frente de Todos que busca sumar al Presupuesto 2023 que todos los jueces paguen el impuesto a las Ganancias.
La Corte Suprema llevó adelante el viernes pasado una reunión con carácter de urgente para discutir el panorama, según informó Noticias Argentinasy desde el propio entorno del máximo tribunal se dieron a conocer los documentos de las asociaciones en los dejaron en claro que no están de acuerdo en abonar el gravamen.
La única entidad que se manifestó a favor de la medida fue Justicia Legítima, afín al kirchnerismo, que indicó que "nuestra posición ha sido siempre a favor de la igualdad impositiva y del rechazo a todo privilegio" y agregó que "
, magistrades, funcionaries y empleades deben abonar los mismos impuestos que les corresponden pagar a cualquier habitante del país".
En contraposición, la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal (AFUN) remarcó que "ciertos sectores de la política pretenden menoscabar la independencia e imparcialidad de los operadores judiciales, ya que afectan tanto sus remuneraciones como el régimen jubilatorio" y afirmó que "lo que se quiere disfrazar o confundir a la sociedad, como un reclamo de tratamiento igualitario, en realidad solo está dirigido a condicionar de manera irregular y discriminatoria a los magistrados, funcionarios y empleados judiciales".
Los fiscales argumentaron que "este llamado de atención, en modo alguno pretende establecer una defensa corporativa de ningún fiscal o magistrado judicial, y sí por el contrario, tiene el objetivo de poner de manifiesto la defensa de la institucionalidad y legalidad que debe reinar en un Estado de Derecho". El texto lleva la firma del titular de la organización, Carlos Rívolo y del vocal Diego Luciani, entre otros.
En sintonía con AFUN, la Junta de Tribunales Orales Federales (JUTOF) expresó: "Su oposición a cualquier intento de menoscabar la independencia judicial" y precisó que "la reducción de los ingresos percibidos por funcionarios y magistrados es una violación a lo establecido por la Constitución Nacional".
En esa línea hizo hincapié en que el artículo 110 de la Constitución y sostuvo que funciona como un "resguardo de la labor judicial y ante presiones de cualquier índole". Firmaron el documento, la presidenta de la entidad, Gretel Diamante, y su secretaria, Sabrina Namer.
Por su parte, la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), que reúne a jueces y fiscales de 19 naciones, sostuvo que el proyecto "pretende incorporar una cuestión tributaria dentro de la ley de presupuestó que resultaría que afectaría (sic) el salario de los magistrados" y es por eso, que aseveró que "preocupa también que se utilice esta vía para afectar la intangibilidad de los salarios e incrementar los tributos a través de una ley que debe prever los gastos del Estado". En ese sentido, recalcó que "el régimen salarial es un elemento de estabilidad de la judicatura y auxiliares de la administración de justicia".
Para concluir, la Asociación de Jueces y Juezas Federales de Argentina (AJUFE) repudió "el proyecto de ley en discusión, que avanza sobre los salarios de las juezas y jueces de todo el país, por encontrarse en oposición a la Constitución Nacional y a los instrumentos diseñados para asegurar la independencia judicial".
