La Cámara de Senadores de Santa Fe aprobó la "ley de inteligencia" que le brinda un marco de legalidad al sistema de investigación criminal y de actividades ílicitas con el objetivo de combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Es así como Santa Fe pasó a ser la primer provincia en contar con una entidad de espías propia.

La inciativa se debatió primero en la Cámara de Diputados donde obtuvo 48 votos a favor y una sola abstención de la legisladora, Alejandra Rodenas. Luego se discutió en el Senado y se convirtió en ley.

La normativa lleva el nombre de "Ley de Sistema de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito" y determina las "bases jurídicas, orgánicas y funcionales que regulen la actividad de producción y gestión de información para la prevención del delito".

Precisa que abarcará la "producción, obtención, reunión, sistematización y análisis de la información, referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que puedan afectar la seguridad de la Provincia, sus habitantes, empresas e instituciones, para producir conocimiento destinado a orientar la formulación y ejecución de políticas en materia de seguridad pública".

Este nuevo sistema de inteligencia actuará bajo el mando del Ministerio de Seguridad y Justicia de Santa Fe y estará compuesto por tres áreas: la Subsecretaría de Inteligencia Criminal, la Dirección Provincial de Información Patrimonial y la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (CIOPE).

Gisela Scaglia, vicegobernadora santafesina, explicó, en sus redes sociales, que esta ley es importante por "la complejidad del crimen en Santa Fe" y sostuvo que "el convencimiento que tenemos de avanzar contra las mafias, requiere que demos este paso en la creación de organismos enfocados en la producción y gestión de la información que nos permitan prevenir el delito y proteger a los santafesinos".

Remarcó, que gracias a este organismo, la provincia dispondrá de "las herramientas necesarias para atacar a fondo las estructuras narcocriminales y después de mucho tiempo, empezar a actuar con antelación y prevenir cualquier fenómeno delictivo" y destacó: "Todo, bajo un régimen de restricciones precisas y el control permanente de la Legislatura, para evitar investigaciones sobre cuestiones políticas partidarias, religiosas o que afectan la libertad de prensa".